El respeto por las libertades individuales y la no criminalización de la protesta son pilares de cualquier sociedad democrática. Sin embargo, en la última semana, Argentina ha sido testigo de un preocupante incremento en la utilización de los organismos de inteligencia para la vigilancia de manifestaciones y la criminalización de la protesta social. Este fenómeno, que contraviene principios constitucionales fundamentales, encuentra su respaldo en decisiones gubernamentales que han desvirtuado el espíritu de las leyes de Seguridad Interior (24.059) e Inteligencia Nacional (25.520).
El Marco Normativo: Límites Claros y Traspasos Peligrosos
La Ley de Seguridad Interior (24.059), sancionada en 1991, establece que la seguridad pública es competencia de las fuerzas policiales, limitando expresamente la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior, salvo en circunstancias excepcionales debidamente justificadas y reguladas. Por otro lado, la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), promulgada en 2001, prohíbe taxativamente que los organismos de inteligencia realicen tareas de vigilancia sobre personas por su ideología política, actividad sindical o participación en protestas.
El artículo 4° de la Ley 25.520 establece claramente la prohibición de que los organismos de inteligencia acumulen información sobre organizaciones políticas, sociales y sindicales, salvo que exista una investigación judicial en curso con orden expresa. Sin embargo, esta disposición ha sido vulnerada en múltiples ocasiones, permitiendo la confección de listados de manifestantes y referentes sociales, lo que impacta directamente en el derecho a la protesta. La recolección indebida de datos sobre estos actores genera un efecto intimidatorio, inhibiendo la libre expresión y participación ciudadana en manifestaciones públicas por temor a represalias estatales.
Un caso reciente que ilustra este problema es el del fotógrafo Pablo Grillo, cuya información personal fue divulgada por la Ministra de Seguridad de la Nación, revelando detalles que solo eran conocidos por un círculo cercano. Este hecho pone en evidencia la actividad de recolección de información realizada por los órganos de inteligencia, lo que plantea serias dudas sobre el respeto a las normativas vigentes. La celeridad de la ministra para justificar las lesiones sufridas por Grillo, quien en ese momento estaba siendo asistido en un hospital, resalta la falta de rigor y la posible manipulación de la información.
El Peligro de una Inteligencia Sin Control
La acumulación de información sobre organizaciones sociales y políticas, prohibida por la Ley 25.520, se ha convertido en una herramienta para justificar la represión y la criminalización de la protesta. Esta práctica genera un clima de temor entre la ciudadanía y atenta contra la libertad de expresión y la movilización pacífica.
Si bien la citada norma habilita la producción de inteligencia fronteras adentro, lo hace bajo la condición de que exista un riesgo real al orden constitucional -artículo 2°, inciso 3°-. Las directivas de inteligencia no son ilegales si el supuesto invocado es auténtico y no un relato conveniente del Ejecutivo de turno.
El riesgo democrático que enfrenta Argentina no se relaciona únicamente con las protestas de jubilados o de otros sectores vulnerables, sino con un método de violencia estatal autogestionada. Este enfoque busca crear un estado de violencia que permita la intromisión en el sistema normativo nacional, provocando una excepcionalidad legislativa que concentre poder decisivo y de control en manos del Ejecutivo.
Hacia una Reforma con Perspectiva Democrática
Ante esta situación, es imperativo retomar el espíritu original de las leyes 24.059 y 25.520, asegurando que los organismos de inteligencia no sean utilizados como herramientas de represión política. Para lograrlo, es fundamental fortalecer los mecanismos de control parlamentario y judicial, garantizar la independencia de la Comisión Bicameral y sancionar penalmente el uso indebido de la inteligencia estatal.
El respeto por las libertades individuales y la no criminalización de la protesta son fundamentales para cualquier sociedad democrática. Si la inteligencia y la seguridad interior continúan siendo empleadas como mecanismos de persecución y control social, el país corre el riesgo de erosionar su propio andamiaje institucional y democrático. La historia ha demostrado que la seguridad sin límites ni controles conduce a la pérdida de derechos y al debilitamiento del Estado de Derecho.
Abogado, Magister en Defensa Nacional. Asesor parlamentario en la Comisión de Defensa Nacional en la Honorable Cámara de Diputados y en la Comisión Bicameral de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación. Revisor de la revista científica del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Docente de FADENA, UNDEF.
